Resumen: El contrato se encontraba sometido al RDLeg 2/2000, y en materia de recepción de obras y expedición de la certificación final la cláusula VII.1 del Pliego de Ccondiciones Particulares se remitía a lo establecido en el RDLeg 2/2000 y su Reglamento. El régimen de pagos venía regulado en el artículo VI.6 del referido Pliego y ejecutadas y finalizadas las obras, tuvo lugar la formalización del Acta de Recepción Provisional de las obras. No obstante la fecha en que tuvo lugar la recepción provisional de las obras, el dia 18 de diciembre de 2017, hasta el 11 Diciembre de 2018 no se produjo la aprobación de la Certificación Final de las obras, con claro exceso del plazo de dos meses que resultaba aplicable a tenor de lo dispuesto en el art. 147.1 del RDLeg 2/2000. La certificación final fue abonada a la recurrente el 11 de enero de 2019, y la actora presentó reclamación administrativa de intereses de demora por el retraso en el pago de la certificacion final. El artículo 74.2 de la ley jurisdiccional exige, como requisito formal del allanamiento del representante de la Administración, que se presente testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente, con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos, y el artículo 75.2 de dicha ley añade que, producido el allanamiento, el Tribunal dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo que ello suponga infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
Resumen: La Sala se remite a los razonamientos de la sentencia número 1163/2018, de 9 de julio, que resuelve el recurso de casación RCA/6226/2017, fijando como doctrina que los artículos 107.1 y 107.2.a) del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL), adolecen de una inconstitucionalidad y nulidad parcial o condicionada cuando se someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, mientras que el artículo 110.4 TRLHL es objeto de una declaración de inconstitucionalidad y nulidad total e incondicionada. Se casa y anula la sentencia impugnada, en tanto considera erróneamente que los artículos 107.1 y 107.2.a) TRLHL han sido expulsados de modo absoluto e incondicional del ordenamiento jurídico y se acuerda la retroacción de actuaciones, para que el Tribunal a quo dicte una nueva sentencia en la que se pronuncie acerca de los motivos planteados por la apelante, que no recibieron respuesta de su parte.
